Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política

El activismo LGBT+ para el matrimonio igualitario en Chile: visibilidad pública, movilización legal y tenacidad legislativa.

Émilie Biland — 2025-01-02

Este artículo ahonda en los procesos sociales, políticos y judiciales que desembocaron en que Chile, un país históricamente conservador en materia de sexualidad, género y familia, llegara a aprobar en 2021 una ley que reconoce el matrimonio y la filiación para las parejas del mismo sexo. Para ello, la investigación se fundamenta en el análisis de 42 entrevistas semiestructuradas con activistas, abogados, jueces, asesor presidencial y progenitores; 490 artículos de prensa; 11 registros judiciales y las discusiones parlamentarias de dos proyectos de ley. En base a aquellas fuentes, proponemos una genealogía de la Ley de matrimonio igualitario que rescata tanto las dinámicas políticas de mediano – la post dictadura – y corto plazo – el “Octubre chileno” del 2019. Analizamos la articulación de tres espacios de movilización: el mediático, el judicial y el legislativo. De hecho, el activismo gay y lésbico ha sido capaz de articular varias estrategias, con el fin de superar los bloqueos inherentes a cada espacio y ampliar su apoyo. En cuanto al espacio judicial, mostramos la interconexión entre los niveles nacional (importancia de la litigación estratégica a nivel de primera instancia), inter y supranacional (framing de los derechos gays y lésbicos en referencia al derecho internacional de los DDHH). La movilización legal, que suele ser abordada en los sistemas de derecho común donde las decisiones judiciales constituyen un precedente vinculante, ha resultado ser un canal efectivo para influenciar a los decidores políticos en un sistema de derecho civil como es Chile.

Contratos relacionales y los confines de la solidaridad

Esteban Pereira Fredes — 2025-01-30

El presente artículo tiene por objetivo desarrollar la teoría rela- cional del contrato y analizar críticamente su encaje con la solidaridad como fundamento normativo que demanda la continuidad entre los intereses de las partes contratantes. Si bien este ideal regulativo presenta atractivo y fuerza apelativa para la filosofía del derecho contractual, la contratación relacional delinea las fronteras de su potencial justificativo. Esta clase de contratos permite mostrar la ambivalencia de la solidaridad en el derecho contractual.

La Ley N° 21.431 y el reconocimiento de los trabajadores económicamente dependientes en el derecho chileno. Los déficits en su protección

Yenny Pinto Sarmiento — 2025-01-23

El presente artículo analiza las clases o tipos de trabajadores independientes. A partir de dicha clasificación se analiza el trabajo en la era digital, deteniéndonos especialmente en el trabajo en plataformas digitales, su concepto, características y regulación en Chile. El análisis de dicha regulación nos permite concluir que los trabajadores regulados en la Ley 21.431 corresponden a aquellos denominados autónomos económicamente dependientes. Asimismo, el artículo explora las deficiencias que la Ley 21.431 importa para la protección de los trabajadores independientes, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social.

Análisis de algunos aspectos procesales del sistema de resolución de controversias en concesiones de obra pública

Maite Aguirrezabal — 2025-01-21

En este trabajo analizaremos el régimen de resolución de controversia regulado en la Ley 20.410 a propósito del Contrato de Concesión de Obra Pública en aspectos tales como jurisdicción, competencia, atribuciones de los distintos órganos que intervienen y el acceso a los recursos. El estudio tiene por objeto determinar si el actual régimen de resolución de controversias se ajusta a las normas constitucionales que establecen un debido proceso. Para ello, se estudiará la normativa que regula el arbitraje en los contratos de concesión de obra pública, y los diversos sistemas de regulación de controversias que se han contemplado en las distintas modificaciones legislativas. También se revisará la evolución del sistema de arbitraje a partir de la ley 20.410, y los problemas que actualmente presenta la legislación, y que impedirían a juicio de los autos, un adecuado acceso a la justicia en esta materia. En este punto, se revisarán temas tan trascendentes como la competencia de la Comisión Arbitral para conocer de las reclamaciones que se efectúen y cómo ha sido acogido en nuestra jurisprudencia el derecho de opción que plantea el sistema en relación con la regla de la radicación. Se analiza de modo especial el limitado acceso al recurso en este tipo de procedimientos, y la procedencia del recurso de queja cuando ya se resuelto un recurso de esta naturaleza.

Tres casos de antinomias del consumo financiero. Propuesta de solución a la luz del diálogo de fuentes

Francisca Barrientos — 2025-01-30

Este artículo aborda las antinomias que se producen en Chile entre la Ley N° 19.496, que protege los derechos de los consumidores (LPDC), y diversas leyes especiales del ámbito financiero. Estos conflictos normativos generan incertidumbre a los consumidores y a la industria financiera. La investigación identifica tres casos de conflicto normativo en créditos al consumidor, seguros asociados a créditos y la competencia para conocer de ciertos conflictos relativos a seguros, mostrando que los métodos tradicionales de resolución de antinomias son insuficientes para resolverlos. Este escenario abre la propuesta a la utilización del método del “diálogo de fuentes” como alternativa para la resolución de antinomias. Este enfoque fomenta una interpretación armónica de las normas, procurando que las normas protectoras de los derechos de los consumidores no dejen de ser aplicadas, aunque estén en distintos cuerpos normativos. El diálogo de fuentes, ampliamente desarrollado en Brasil y Argentina, tiene sustento normativo en el principio proconsumidor recientemente consagrado en Chile, y permite dar prevalencia a las normas que mejor salvaguardan los intereses del consumidor en situaciones de conflicto normativo. Este método ofrece una solución viable para integrar de manera coherente la normativa financiera con la LPDC, evitando que la fragmentación del sistema jurídico menoscabe la protección de los derechos de los consumidores.