Resumen
A finales de la década de los noventa, Ecuador vivió un período de crisis política donde las instituciones representativas fueron cuestionadas. En medio del descrédito de la clase política, dos reformas constitucionales instituyeron la desconfianza ciudadana como control social sobre el poder: en 1998 a través de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción; y en el 2008 mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este texto se examina el marco en el que opera el control social en el período de gobierno de Rafael Correa, se resaltan las tensiones de las instituciones participativas con la representación y el ejercicio mayoritario del poder, y se exponen las implicaciones que tienen las nuevas arenas de participación ciudadana para analizar los procesos de democratización del Estado.
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